Mie. 2.12.2020
Opinión  |  22 de Oct. 2020

encuesta

El Estado hereditario: El 32% de la población fueguina está de acuerdo con que se hereden los empleos públicos

Por: Mgter. Luis A. Castelli
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Hace poco más de tres años causó bastante revuelo una noticia generada en Mendoza, que daba cuenta de la decisión del Concejo Deliberante de una pequeña localidad de aquella provincia (Santa Rosa) de obligar al Municipio a cubrir los cargos de los empleados fallecidos con un familiar directo de los mismos. La intendente de aquel entonces vetó la norma por considerarla inconstitucional, pero en el proceso salieron a la luz otras reglamentaciones provinciales y municipales en todo el país que admitían la cobertura hereditaria de los empleos públicos.
El caso ilustra el extremo de una de las mayores y más generalizadas prácticas que ocurren a diario en todos los niveles y poderes del estado en la Argentina: el ingreso discrecional de empleados públicos.

En nuestro país, rige desde 1999 la Ley Nacional N° 25.164.Es la LEY MARCO DE REGULACION DE EMPLEO PÚBLICO NACIONAL, que en su CAPITULO II - REQUISITOS PARA EL INGRESO, dice (el resaltado es propio):
Artículo 4º —  El ingreso a la Administración Pública Nacional estará sujeto a la previa acreditación de las siguientes condiciones:

a) Ser argentino nativo, por opción o naturalizado. El Jefe de Gabinete de Ministros podrá exceptuar del cumplimiento de este requisito mediante fundamentación precisa y circunstanciada de la jurisdicción solicitante.

b) Condiciones de conducta e idoneidad para el cargo, que se acreditará mediante los regímenes de selección que se establezcan, asegurando el principio de igualdad en el acceso a la función pública. El convenio colectivo de trabajo, deberá prever los mecanismos de participación y de control de las asociaciones sindicales en el cumplimiento de los criterios de selección y evaluación a fin de garantizar la efectiva igualdad de oportunidades.

c) Aptitud psicofísica para el cargo.

En Tierra del Fuego esta norma rige por carácter supletorio, al no tener nuestra legislación provincial una normativa propia que regule la materia. Pero lamentablemente sus preceptos no se aplican, y la enorme mayoría de empleados/as con que cuenta el Estado en todos sus niveles y poderes ha ingresado sin un proceso “de selección y evaluación a fin de garantizar la efectiva igualdad de oportunidades” para todos aquellos ciudadanos/as que, cumpliendo las condiciones de conducta e idoneidad, quisieran concursar los cargos.

La idoneidad está de alguna manera vinculada a la capacidad, a los antecedentes, a un sistema de méritos, un concepto tan vituperado por estos días. La igualdad de oportunidades hace a uno de los derechos fundamentales de una democracia republicana moderna. Sin embargo, la irregularidad del procedimiento de ingreso al Estado está tan extendida y naturalizada que ya casi nadie la discute, cuestiona, ni observa.  

Hace poco, hicimos desde Vox Populi una encuesta que entre otras cuestiones consultó a la población acerca de estas cosas. Y mayoritariamente, la población respondió “correctamente”, entendiendo este concepto desde el deber ser.

Cuando consultamos por el “tamaño” del Estado, el 75% opinó que “El Estado, en sus 3 poderes y organismos, tiene una cantidad excesiva de empleados”, y el 82% que tiene también una cantidad excesiva de funcionarios.

Al ser consultada la población acerca de si “El mérito debe ser la principal condición para el ingreso de empleados al Estado”, el 77% respondió estar de acuerdo con esta consigna. Sólo un 15% se manifestó en desacuerdo, y un 8% manifestó no saber o no quiso responder al respecto.

Finalmente también preguntamos acerca de si “Los hijos/as de los empleados/as públicos/as deben tener prioridad en las vacantes de sus padres cuando éstos/as se retiran o fallecen”. El 64% dijo estar en desacuerdo con esa idea, el 4% no respondió, y el 32% se manifestó de acuerdo.

Este último dato no deja de sorprender. No el 64% que opina correctamente, sino ese 32% de la población fueguina que está de acuerdo con que se hereden los empleos públicos, dejando de lado todo principio de equidad y méritos. Como decíamos al comienzo, la cuestión se ha naturalizado, y quizás sirva como una luz de alerta para quienes tienen la responsabilidad de construir con sus decisiones un Estado (provincial y municipales) democrático y moderno, que asegure la idoneidad de los servidores públicos y la igualdad en el acceso a los cargos.

*El autor es Licenciado en Ciencia Política y Magister en Desarrollo Económico Local.